Dos de cada tres vecinos del Municipio A de Montevideo presentan al menos un indicador de malestar psicosocial, y la mitad reúne condiciones de malestar alto. Así lo revela el informe final «Densidad del Estado en el Municipio A: crisis de paradigmas de las políticas sociales en salud mental», elaborado por el Observatorio Socio Territorial del Oeste del Programa APEX de la Universidad de la República.
El equipo de investigación está integrado por Eduardo Alonso, Andrés Techera, Varenka Parentelli, la doctora en Terapia Ocupacional Juliana Peraza, Daniel Pérez, Aida Pérez Conde y Maia Krudo. El trabajo fue financiado por los Proyectos de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).
Un territorio de más de 200.000 personas
El Municipio A tiene más de 203.000 habitantes, el 15,6 % de la población de Montevideo, e incluye barrios como el Cerro, La Teja, Casabó, Nuevo París y Paso de la Arena. Para estudiarlo, los investigadores combinaron entrevistas a actores institucionales, ocho grupos focales, un espacio comunitario de orientación y consulta y una encuesta cara a cara a 683 personas de 15 años o más, aplicada por estudiantes de distintas facultades con formación y supervisión docente.
Los números
- 67,8 % de los encuestados activó al menos un indicador de malestar psicosocial.
- 50,1 % quedó en la categoría de malestar alto. Los autores aclaran que se trata de una clasificación operativa y no de un diagnóstico clínico.
- 22 % declaró haber tenido ideación suicida o conductas de autolesión.
- 36,3 % no sabe dónde acudir ante un problema de salud mental propio o de alguien cercano.
- Solo el 24 % buscó ayuda en alguna institución pública o privada. De ellos, el 70,1 % dijo que el problema siguió sin solución o se resolvió solo en parte.
- 40,5 % tiene o tuvo familiares con consumo problemático de alcohol u otras sustancias.
- 52 % no realiza actividades recreativas, culturales o sociales fuera de su casa, y 53,6 % no frecuenta espacios públicos.
La situación económica aparece como la principal fuente de estrés, seguida por haber sido víctima de un delito, la pérdida de empleo o la dificultad para conseguirlo y los conflictos familiares.
El problema no es solo la falta de psicólogos
Según el informe, la llamada «demanda insatisfecha» en salud mental va mucho más allá de la escasez de consultas con psicólogos o psiquiatras. También aparece cuando la gente no sabe a dónde ir, espera meses, tiene que recorrer distintas instituciones, no consigue la medicación o recibe una atención que se corta después de la primera consulta, una derivación o una internación.
Las entrevistas registran cargos vacantes, pocos profesionales disponibles, listas de espera y problemas de coordinación entre servicios. Muchas personas llegan tarde, a través de la emergencia. Esa es la «baja densidad estatal» del título: el Estado existe en los papeles, pero su presencia efectiva en el territorio no alcanza.
Las familias, sosteniendo el cuidado
Tres de cada cuatro encuestados (75 %) sienten que reciben el apoyo que necesitan de su entorno cercano. Pero esa red tiene un costo: el 41,3 % realizó tareas de cuidado no remuneradas en el último año, como acompañar a consultas, administrar medicación, hacer trámites y sostener situaciones prolongadas de sufrimiento, discapacidad o consumo. El estudio advierte que esa carga, concentrada en pocas personas, genera sobrecarga, aislamiento y postergación de las propias necesidades.
«Una persona excluida es una persona sin el sentido de la vida».
Con esa frase difundió Uni Radio la entrevista a Eduardo Alonso y Juliana Peraza, en la que presentaron los resultados del estudio.
Desmanicomialización: una ley pendiente
En esa entrevista, los investigadores pusieron el foco en la necesidad de construir dispositivos sustitutivos a las respuestas manicomiales y, en el mejor de los casos, reforzar otras redes: «redistribuir, de alguna manera», los recursos hacia el territorio. También señalaron que el proceso de desmanicomialización previsto por la Ley 19.529 de Salud Mental quedó pendiente, y que en ese contexto surgen muchas de las iniciativas comunitarias con las que trabaja el equipo.
Consultados sobre el diálogo con las autoridades, explicaron que el informe ya fue presentado a organismos nacionales y departamentales vinculados a la salud mental:
«Tuvimos un encuentro en el MIDES, donde participaba ASSE, participaba el INAU y los diferentes programas del MIDES. Con ellos tenemos un vínculo cercano de interacción».
Un problema que va más allá de la salud
Para los investigadores, la clave está en entender la especificidad de las poblaciones vulnerables. Los problemas de salud mental atraviesan a toda la sociedad, pero en estos territorios se suman a «la carga de la vulnerabilidad».
«El problema no es solamente los recursos destinados a salud mental, sino los recursos que tienen que ver con el contexto social en el que esas personas deben convivir cotidianamente».
Como ejemplos, mencionaron que las escuelas de tiempo completo, una política que existe desde 1992, todavía no cubren al universo de las poblaciones vulnerables; que en todo el municipio hay apenas dos o tres liceos del modelo Centros María Espínola, y que los centros CAIF, dedicados a la primera infancia, funcionan en horario común y no de tiempo completo.
El diagnóstico alcanza también a la infraestructura urbana. Citaron un caso reciente en Casabó, donde la Intendencia construyó una calle nueva de tres metros de ancho cuando el Digesto departamental establecía seis.
Qué propone el informe
La primera prioridad que plantean los investigadores es fortalecer el primer nivel de atención: consolidar las policlínicas del territorio como espacios de primer contacto y seguimiento, más cercanos y con continuidad. También proponen mejorar la información sobre dónde recurrir y articular el trabajo entre instituciones, organizaciones sociales y redes comunitarias, con el objetivo de reducir la demanda insatisfecha mediante una red de cuidado más próxima, accesible e intersectorial.
Los resultados se presentaron el 1° de setiembre en la sede de APEX, en el Cerro, y el 18 de setiembre en el Campus Luisi Janicki. El informe completo puede descargarse de forma gratuita desde el sitio del Programa APEX.
Si vos o alguien cercano está pasando por un momento difícil, podés llamar a la Línea Vida, gratuita y disponible las 24 horas, al 0800 0767 o al *0767 desde el celular.
Fuente: Informe final – Observatorio Socio Territorial del Oeste, Programa APEX-Udelar
